1. Asegurar que las elecciones, tanto
locales como nacionales, sean imparciales y de libre acceso para las mujeres.
Promover medidas especiales transitorias, como establecimiento de
cuotas, sanciones aplicables a los políticos que no cumplan las normas,
exención de pago de derechos en el trámite de presentación de candidaturas,
acceso a los medios públicos de difusión, y acceso a recursos públicos, a fin
de acrecentar la participación de las mujeres, tanto en calidad de funcionarias
electas como de funcionarias designadas en instituciones políticas. Asegurar
los procesos de empadronamiento para posibilitar que las mujeres ejerzan su
derecho democrático al voto. En colaboración con órganos de gestión electoral y
con partidos políticos, considerar la adopción medidas para responder a los
factores que impiden la participación de las mujeres en política (violencia
contra la mujer, prejuicios de género en los reportajes en medios de difusión,
prácticas no transparentes de los partidos políticos, falta de financiación de
campañas políticas).
2. Apoyar a las organizaciones de la
sociedad civil de mujeres a fin de promover los intereses de la mujer
Proporcionar asistencia a la elaboración de temarios para políticas
colectivas, por ejemplo, Cartas de la Mujer, o a la celebración de Convenciones
Nacionales sobre la Mujer. Las mujeres comparten prioridades, por encima de
cualquier diferencia que puedan tener. Esas prioridades compartidas pueden ser
las relativas a su derecho a ocupar cargos públicos o a tener acceso a
servicios mejorados de atención de la salud y cuidado de los niños. Es
importante que las mujeres coordinen acciones, creen coaliciones, colaboren y
aseguren la emisión de mensajes en común en tiempos de cambio. Fomentar la
capacidad e impartir cursos de capacitación y desarrollo de aptitudes
prácticas, a fin de promover aptitudes de gestión y comunicación, así como las
capacidades de organización interna de los grupos y movimientos de mujeres
3. Fomentar en las instituciones
públicas la rendición de cuentas en cuanto a la vigencia de los derechos de la
mujer.
Asegurar que los procesos de revisión constitucional consideren las
repercusiones de las estructuras de instituciones políticas, judiciales y otras
instituciones públicas sobre la participación de las mujeres, así como sobre el
ejercicio de sus derechos sociales, políticos y económicos. Velar por que las
revisiones constitucionales aseguren la carbonización con las normas
internacionales de derechos humanos. Promover mecanismos de rendición de
cuentas y reforma de la gobernanta que respondan a las necesidades de las
mujeres; por ejemplo, prestación de servicios que tengan en cuenta las
cuestiones de género, acceso a la justicia, presupuestario y acceso a la
información. Asegurar que se establezcan procesos de responsabilizarían por
conducto de los cuales las autoridades públicas rindan cuentas de su desempeño
con respecto a los compromisos nacionales en pro de la igualdad entre los
géneros y los derechos de la mujer.
4. Apoyar a las mujeres líderes
políticos a fin de ampliar su influencia.
Apoyar el desarrollo de aptitudes y capacidades, tanto en las candidatas
como en las líderes electas. Este apoyo abarca la capacitación con fines de
adquisición de aptitudes (debate y modalidades del lenguaje parlamentario,
promoción), así como las aptitudes con respecto a la incorporación de las
cuestiones de género, los compromisos internacionales en pro de la igualdad
entre los géneros y las estrategias que pueden ser útiles. El apoyo también
abarca la promoción de mecanismos, entre ellos los agrupamientos de mujeres
parlamentarias o las redes de mujeres en las instituciones de servicio social,
así como la creación de mecanismos gubernamentales dotados del mandato, las
capacidades y la ubicación en el gobierno que posibiliten una eficaz promoción
de políticas favorables a los intereses de la mujer. Considera la posibilidad
de dar formación a los hombres en los principios y la práctica de la
perspectiva de género y el empotramiento de las mujeres.
